La Constitución Política Colombiana afirma en su artículo 1: “Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana”.

Dice en su artículo 2:   “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

Desde tiempo atrás, tanto las FARC como el ELN han proclamado públicamente estar dispuestos a respetar y cumplir las normas de los DIDH y DIH, aunque estos tengan posiciones distintas frente al tema. A lo largo del tiempo, sus posiciones se han mantenido pero en teoría, porque se ha visto en la práctica un comportamiento totalmente opuesto.

Tal vez el problema sea de interpretación de las normas humanitarias, pues ellos tienen una interpretación propia; por ejemplo las FARC consideran lícito el cobro del impuesto de guerra, y quienes se rehúsen a pagarlo deben ser retenidos como forma de presión; esto no es considerado por el grupo insurgente como toma de rehenes o secuestro, sino como una válida forma de financiar su guerra. Así, tienen una interpretación conveniente, porque  por ningún motivo es lícito retener a un civil para obligarlo a pagar dinero por su liberación, o por dejarlo vivir en paz en su tierra y con sus propiedades.

Esto va totalmente en contravía con las disposiciones del DIH, el cual prohíbe en forma absoluta y sin condicionamiento alguno que se involucre a la población civil en el conflicto, porque esto es totalmente violatorio del principio de  inmunidad que la cobija.